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En la vida real, la verdad no siempre se descubre. De hecho, si se llegara a descubrir toda ella, la sociedad acabaría destruyéndose. La idea de que tenemos un sistema social perfecto, de que se busca la verdad y la justicia y de que los malos son castigados y los buenos recompensados, es una falsedad en la que ingenuamente todo el mundo cree.
Una de las obligaciones que nos dicen que tienen los miembros de la comunidad es la de confiar en los demás y, en especial, en las instituciones. Pero lo presentan de forma inversa, como que la desconfianza es una conducta inadecuada, Otra conducta calificada de inadecuada es la de resistencia a la autoridad. Quien desconfía o se resiste es un inadaptado.
Pero solo llaman inadaptado al individuo que tiene opinión propia, no a los grupos que se rebelan constantemente contra esta o aquella política. De esta forma tan astuta, el individuo es negado en la sociedad, pero el grupo es aceptado, porque el grupo, a pesar de sus discrepancias con ciertas ideas, constituye la sociedad y el grupo es la forma de anular al individuo.
El propio derecho antes persigue la paz social que la justicia. Se sanciona la violencia y, como todo el mundo puede ver, pero pocos querrán reconocer, solo la violencia del individuo, los grupos pueden ejercerla llamándola derecho.
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El mal solo puede causarlo quien tiene poder y el poder, en la sociedad, le tiene quien representa a las instituciones. El individuo pocas veces posee poder y, cuando actúa en defensa de sus legítimos intereses, puede verse fácilmente atacado por los poderosos a quienes no interesa ni la verdad ni la justicia porque la sociedad se ha establecido sobre los intereses de aquellos ‒anulando los particulares‒ y van a defender sus mentiras como si fueran verdades. Para ello, tienen a su servicio todas las instituciones.
Es evidente que no estamos hablando de los atracadores de bancos ni de los pirómanos ni de los traficantes de droga, pues los delitos corrientes, de los que todos podemos ser víctimas, son perseguidos –salvo por honrosas excepciones de política nacional o internacional– porque rompen la deseada paz, máxima social. De lo que hablamos es del poder que la propia constitución social ha creado al establecer jerarquías en sus instituciones. Esos cargos, ocupados por gentes corrientes con tantos defectos como cualquier otro individuo, utilizan su poder para defender sus espurios intereses personales.
Uno de esos defectos del hombre corriente que ocupa un cargo es el que les lleva al endiosamiento, por eso, no permite una opinión contraria a la suya, como si poseer la verdad fuera un derecho de su cargo, comportándose como un energúmeno (demostrando lo que realmente es) cuando se le contradice, respondiendo de forma emocional y autoritaria a una exposición racional a la que no puede responder con argumentos, y lo que hace es salir por peteneras.
En esa situación, el miserable poderoso ya no puede evitar decidir sobre el destino de esa persona, perjudicándole (aquí, un término más coloquial sería más efectivo para describir los actos de un malvado personaje) su existencia. Este hombre es un delincuente legal, en unos casos, y moral, en todos, que acaba convertido en un sociópata.
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La buena gente, que se indigna con demasiada frecuencia por hechos más banales, no reacciona con la misma indignación ante este otro tipo de problemas. Las pautas establecidas de facto para la conducta del hombre en la sociedad arrastran a la masa en una dirección, al igual que el toro bravo acaba arrastrado en la dirección que le marcan los mansos cabestros. La buena gente no quiere alterar el orden establecido, no quiere destacar mostrando una conducta diferente a los demás porque, de forma intuitiva, comprende que, como dice un refrán japonés, el clavo que sobresale recibirá un martillazo. Es más, imponen esa misma conducta a sus vecinos.
La idea está tan enraizada que nadie se percata del problema, solo lo aprecia quien lo sufre y, por eso, este resulta incomprendido hasta por esa buena gente. La sociedad sufre de un aborregamiento que es consecuencia de un equivalente social al síndrome de Estocolmo en los casos de secuestro. Esta sociedad sabe que los problemas personales son solo asunto de cada uno y que nadie puede pedir ayuda cuando fallan las instituciones.
Curioso el buen análisis que hace la película citada, Red (Red: Debieron decir la verdad: Red, de Trygve Allister Diesen y Lucky Mckee, de 2008 –de la que ya habíamos tratado en el artículo anterior–), de la interpretación perspectivista que hacen los poderosos malvados de la situación que se plantea en la cinta, pues hay una escena en la que la madre de uno de los chicos agresores le pregunta a Avery que por qué les está haciendo eso, y él responde que se equivoca con quién hace qué a quién. Hasta tal punto está asumida la conducta social impuesta que ni los delincuentes son conscientes de su delito, ellos lo perciben como el ejercicio de su derecho, un derecho inherente al puesto o al cargo. Es decir, establecida la jerarquía, el hombre que queda por debajo pierde sus derechos.
Esto recuerda esa situación paradójica de la justicia USA, pues, por una parte, su constitución decía que todos los hombres eran iguales, en cambio, nadie consideraba que matar a un negro fuera delito. Es decir, matar solo era delito si matabas a un blanco. El absurdo estaba tan implantado en la conciencia y la cultura de esa admirable democracia que hubo presidentes que quisieron poner leyes para prohibir esos asesinatos ‒como si fueran cosa distinta de los otros crímenes‒, pero no les dejaron hacerlo.
Hay un doble criterio para medir. La verdad y la justicia las defiende todo el mundo en abstracto, pero, llegado el caso concreto, los ideales son sustituidos, a la hora de valorar y de actuar, por el respeto (que solo es cobardía) a la fuerza del más fuerte. La sociedad sigue siendo una selva en la que los animales de presa son aquellos con un título y un cargo –o una cartera llena de billetes.
